Categoría: octubre 12, 2026

El Gobierno declaró el Estado de Emergencia en 707 distritos de 17 departamentos por peligro inminente ante déficit hídrico. Durante 60 días calendario, los gobiernos regionales y locales, junto con INDECI y los sectores involucrados, implementarán medidas para reducir riesgos, atender emergencias y rehabilitar las zonas afectadas durante el período de lluvias 2026-2027. Los distritos declarados en emergencia pertenece a algunas provincias de los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali, por peligro inminente ante déficit hídrico para el período de lluvias 2026-2027, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan. Los Gobiernos Regionales de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali, así como los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa y demás instituciones públicas y privadas involucradas; según este decreto, deben ejecutar las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan. Dichas acciones deben tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y pueden ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes. Lo curioso es que para la implementación de las acciones previstas en este decreto supremo el gobierno central dispone que su financiamiento corre a cargo del presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Qué les parece.