El Consejo de Ministros aprobó el Decreto Legislativo N.° 1742, el primero tras obtener las facultades legislativas del Congreso, que dispone que el control de los penales declarados en emergencia contarán con la participación temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas, en apoyo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a la Policía Nacional del Perú (PNP), en el control de ingreso.
A través de esta disposición, el personal militar asumirá la vigilancia perimétrica de los penales, reforzará los controles para impedir el ingreso de armas o sustancias ilícitas y neutralizará el uso de drones no autorizados que vulneren la seguridad. Asimismo, los efectivos brindarán soporte logístico, tecnológico y de inteligencia para respaldar el bloqueo de comunicaciones clandestinas, la detección de antenas ilegales y la prevención de eventuales fugas o ataques externos.
Esta medida responde a la situación crítica del sistema penitenciario, que a agosto de 2026 albergaba a más de 107 mil internos frente a una capacidad instalada de alrededor de 42 mil plazas. A este hacinamiento se suma la presencia de 494 internos vinculados a 217 organizaciones criminales, entre ellas facciones del Tren de Aragua, cuyo perfil delictivo exige condiciones reforzadas de máxima seguridad y aislamiento para evitar que sigan operando.
La norma complementa las últimas disposiciones del Gobierno para afianzar el control de las cárceles, como la ampliación del estado de emergencia, hasta enero de 2027, en los establecimientos de alta peligrosidad como Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro, Ancón I (Lima) y El Milagro (La Libertad), y la construcción de dos nuevas prisiones en Huacho, orientadas a descongestionar el sistema penal y cerrar el paso a las bandas delictivas.