En las primeras semanas del gobierno de Keiko Fujimori, una serie de nombramientos y contrataciones vuelve a poner bajo la lupa el uso de cargos públicos como espacios de confianza política y como devoluciones de favores. Desde la llegada de Esdras Medina al Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) pese a sus antecedentes de cuestionamientos a la reforma universitaria y a afirmaciones sin sustento científico, hasta la designación de excongresistas, exfuncionarios y figuras cercanas al fujimorismo en embajadas y despachos parlamentarios, los casos plantean una misma pregunta: ¿se está priorizando la experiencia y el mérito para administrar el Estado o la cercanía con el poder?